Gobierno dispone de medidas para garantizar derechos; director PN estuvo ausente
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El Caribe | 5 mayo, 2022
Santo Domingo.- El Gobierno dispuso este jueves un conjunto de medidas para garantizar la integridad física y los derechos humanos de las personas arrestadas por agentes de la Policía Nacional, que incluyen la instalación de cámaras en todas las patrullas y todos destacamentos.
El anuncio fue hecho por el Comisionado para la Reforma Policial, José Vila del Castillo, acompañado del ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez. Sin embargo, durante la rueda de prensa estuvo ausente el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then.
El comisionado especificó que estas disposiciones estaban ya contempladas para ser implementadas en los próximos meses dentro del marco de la Reforma que ya está en marcha, pero que se acelerarán para dar respuesta urgente.
“En una sociedad comprometida con el respeto a los derechos humanos, como la nuestra, no es aceptable lo ocurrido a José Gregorio Custodio, en San José de Ocoa, a Richard Báez, en Santiago, y a David de los Santos, en el Distrito Nacional”, advirtió, tras expresar pésame a todos sus familiares y amigos.
Agregó: “Los ciudadanos se preguntan: ¿Qué haremos para asegurar la vida en las patrullas policiales? ¿Qué haremos para asegurar la vida en los destacamentos? ¿Qué haremos para garantizar el buen comportamiento de los agentes? ¿Qué haremos para hacer más transparente la custodia policial?”, planteó Vila del Castillo.
Citó que el Ministerio Público dirige una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables, instruir un expediente y someter a la justicia a los imputados.
“A esa institución le solicito, con todo el respeto institucional debido, que actúe con toda diligencia, rigor, rapidez y profundidad que las circunstancias ameritan”, señaló.
Expresó que el pueblo dominicano está esperando medidas para garantizar la integridad física de los ciudadanos cuando se encuentren bajo custodia policial, por lo que en esta convocatoria tiene el propósito de comunicar soluciones específicas para evitar que estos hechos trágicos vuelvan a repetirse.
“La reforma policial es, ahora más que nunca, impostergable. La reforma policial no se detendrá, aun cuando su implantación no vaya a estar libre de obstáculos, censuras, dilaciones innecesarias, campañas de descrédito y ataques políticos tanto desde el interior, como desde el exterior de la Institución. Pero llevará tiempo. No se pueden cambiar 85 años de cultura y dejadez en tres semanas”, planteó.
A continuación las medidas completas adoptadas:
La ejecución inmediata de instalación de cámaras en todas las patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 911.
Instalación de cámaras móviles incorporadas a las patrullas.
Implantación del Sistema Policial de Consulta Criminológica en los teléfonos de las patrullas para la depuración no intrusiva y respetuosa de los ciudadanos que sean requeridos por la autoridad en cualquier circunstancia.
La creación de un centro nacional de control de tránsito y revisión y mejora de la inspectoría de tráfico.
La instalación de cámaras en todos los destacamentos.
La instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía.
Colocar bajo la supervisión directa del Ministerio de Interior y Policía el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con el fin de garantizar la investigación pronta y rigurosa de los casos que se den.
Mejora de los sistemas y procesos de la Inspectoría General, dotándola de mayores capacidades de control e instrucción de casos.
Acelerar la realización de pruebas de integridad de todos los agentes, comenzando por los altos cargos de la PN.
Implementación de guías obligatorias de actuación, basada en la responsabilidad descentralizada.
Implantación de medidas urgentes de formación complementaria a todos los agentes en tres áreas, como mínimo:
Gestión de crisis.
Derechos Humanos.
Actuación policial y uso de la fuerza y del ejercicio de la autoridad.
Ratificar, previo acuerdo parlamentario, e implementar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que dará acceso a los ciudadanos a la justicia internacional; y obligará al Estado a cumplir con los estándares internacionales en la materia. Para ello, en los próximos días, solicitaremos el apoyo de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, e iniciaremos con él los trabajos.
Coordinar con el Ministerio de Salud un programa especial para evaluar las condiciones de salud de los apresados temporales.
Reorganizar el departamento de comunicaciones de la PN, en coordinación con el gabinete de Presidencia correspondiente, e implementar nuevos lineamientos de comunicación que impidan versiones erradas y deformaciones informativas.
El comisionado para la Reforma Policial consideró que estas medidas representarán una evolución positiva en el tratamiento respetuoso de los derechos humanos que debe brindar cualquier agente policial a todos los ciudadanos.
No hay espacio para impunidad
Vila del Castillo advirtió que no caben espacios para la impunidad y que los responsables de los lamentables recientes hechos deben ser llevados a los tribunales sin dilaciones, aplicando los principios de excelencia que el Ministerio Público posee.
Sostuvo que la Policía, gracias al impulso irrestricto de la Presidencia de la República, al compromiso y participación de la sociedad civil, y al trabajo diario del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía, está siendo sometida a un proceso de transformación integral, coordinado desde la Comisión.
Mencionó que el proceso abarca nueve grandes ejes de actuación: Marco legal, Nuevas tecnologías, Planificación Estratégica, Recursos Humanos, Presupuesto y gastos, Política de Género, Educación, Comunicación y Capacidades Operativas.
Para cada uno de esos ejes se han conformado mesas técnicas que están llevando a cabo los trabajos de renovación directa de todos los procesos de actuación tanto legales, como burocráticos, técnicos operativos policiales y tecnológicos, de evaluación y de recursos humanos. Abarca tanto a la Policía Nacional como a Politur y la DIGESSET.
Manifestó que los asesinatos extrajudiciales han sido una práctica común durante todas las administraciones presidenciales dominicanas. Sólo en los últimos 16 años, agregó, los medios de comunicación reportaron 1,844 muertes por intercambios de disparos, lo que significa un asesinato cada tres días.
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