El silencio de Procurador
A una semana de que el Dr. Marino Vinicio Castillo hiciera la denuncia
pública de que el 22 de febrero de 2013 dos agentes del FBI de Estados Unidos
interrogaran en el cuartel policial de La Romana a dos empleadas domésticas del
Dr. Salomón Melgen, sin orden judicial, ni presencia de fiscal ni de abogado,
luego de ser apresadas ilegalmente por agentes policiales, el Procurador General
de la República ha guardado sospechoso silencio sobre el caso, que tiene una
enorme trascendencia constitucional, legal, institucional, con inevitables
repercusiones internacionales.
Según la versión dada personalmente a quien ésto escribe (y que según me
informara ya le había sido dada por él a la Comisión de Alto Nivel creada por la
PN para investigar la denuncia) el Gral. Castro Castillo, Jefe del Comando
Regional Este de la Policía Nacional, le requirió al Gral. PN Alejandro Dipré
(que a su decir estaba a cargo de coordinar ese operativo), la presencia del
Fiscal de La Romana para dichos interrogatorios, a lo que éste se habría negado
bajo el alegato de que estaba autorizado por el Procurador General Francisco
Domínguez Brito.
El Gral. PN Dipré, ha negado tener participación directa en esos gravísimos
hechos, violatorios de la Constitución, de la soberanía nacional, del debido
proceso, de varios artículos del Código Penal y Procesal Penal de la República
Dominicana y de los Tratados internacionales. Sin embargo, el silencio del
Procurador General, que es precisamente la autoridad máxima del Ministerio
Público con obligación de hacer respetar todo el ordenamiento jurídico e
institucional del país, ha dado la callada por respuesta.
No han valido las declaraciones y emplazamientos públicos del jefe de la
iglesia católica Su Eminencia Reverendísima Cardenal López Rodríguez, ni del
Colegio de Abogados de la R.D., ni de editoriales como el del periódico “El
Nacional de Ahora”, exigiendo una explicación del Procurador General de la
República. Este funcionario ha guardado, hasta este momento, un silencio que
nos hace pensar que la versión del Gral. Castro Castillo está apegada a la
verdad, evidenciando así que tendríamos como jefe del ministerio público a una
persona capaz de llevarse por delante todo el ordenamiento constitucional,
institucional, procesal penal y de soberanía, en un vano intento de darle
credibilidad a una conjura (video difamatorio pagado por The Daily Caller), ya
comprobada, contra el Senador de Estados Unidos Robert Menéndez, Presidente del
Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano; el Dr. Salomón
Melgen, y quien ésto escribe y su familia.
Hablo de conjura o de trama, porque estos hechos se produjeron antes de
demostrarse y comprobarse la falsedad pagada del video difamatorio que nos
ligaba, junto al Senador Menéndez y al Dr. Melgen, en actos inmorales y
bochornosos. Ese virtual rapto e interrogatorios sin presencia de autoridad
competente ni de abogado, tenía como propósito, según han declarado las propias
interrogadas, arrancar declaraciones inculpatorias contra el Senador Menéndez y
el Dr. Melgen que, de paso, embarrarían moralmente a Vinicio Castillo Semán,
afectando sensiblemente a su padre, Director General de Etica e Integridad
Gubernamental y Asesor Antidrogas del Ejecutivo, Dr. Marino Vinicio Castillo y
toda su familia.
Independientemente de los aspectos locales que he abordado atinentes a quien
ésto escribe y a mi familia, y dado que este operativo procuraba dañar o
comprometer a una autoridad de primer nivel del Congreso de los Estados Unidos,
el Estado Dominicano como tal, está obligado a dar una explicación seria y cabal
de lo que ha ocurrido, en el caso de que el silencio del Procurador en dar una
explicación se mantenga.
El operativo realizado, tipo el SIM de Trujillo, fue tan grave, que tengo
informaciones fidedignas de que ni el Presidente de la República, ni el Jefe de
la Policía, ni los organismos de seguridad del Estado tenían conocimiento alguno
de que agentes extranjeros estaban en un cuartel policial haciendo
interrogatorios, sin presencia de autoridad alguna de la República
Dominicana.
Esta experiencia ha servido de lección, igualmente, para poner a prueba la
hipocresía y doble moral de mucha gente que le gusta hablar de soberanía
nacional y de respeto a la Constitución y a las leyes. Esto es, como se ha
demostrado con este caso, cuando les conviene a sus intereses. Cuando no les
conviene, se quedan calladitos y lo que pretenden es que no se hable del tema en
los medios de comunicación. La sociedad también está observando el silencio
cómplice de esos farsantes.
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