¿Es posible titular 150 mil inmuebles en menos de cuatro años?
SANTO DOMINGO.- La Jurisdicción Inmobiliaria con sus
esquemas actuales, con el personal que posee y con los recursos que se
le otorgaron este año en el Presupuesto Nacional, no puede cumplir con
la meta de titulación propuesta por el Presidente, según la opinión de
un profesional de la agrimensura.
El anuncio del presiente de la República, Danilo Medina, de que el gobierno otorgará en menos de cuatro años los títulos de propiedad de 150 mil inmuebles urbanos y rurales del Estado a las personas que los ocupan, fue calificado por un ex presidente y miembro de la junta directa de la Asociación Dominicana de Agrimensores, como imposible.
El agrimensor Juan Manuel Sosa explicó que ve muy difícil que Medina pueda cumplir con la promesa hecha durante su discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero, ya que el proceso ni siquiera ha comenzado, y aún está en la parte organizativa.
El anuncio del presiente de la República, Danilo Medina, de que el gobierno otorgará en menos de cuatro años los títulos de propiedad de 150 mil inmuebles urbanos y rurales del Estado a las personas que los ocupan, fue calificado por un ex presidente y miembro de la junta directa de la Asociación Dominicana de Agrimensores, como imposible.
El agrimensor Juan Manuel Sosa explicó que ve muy difícil que Medina pueda cumplir con la promesa hecha durante su discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero, ya que el proceso ni siquiera ha comenzado, y aún está en la parte organizativa.
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"Todavía no se han contratado ni siquiera los agrimensores que van a trabajar en este proyecto de titulación, y sabemos que el proceso toma tiempo, porque no son títulos provisionales que se van a otorgar, como los que entregaba el Instituto Agrario Dominicano, que acreditaban a los parceleros como poseedores de inmuebles; el Presidente está hablando de certificados de títulos con las garantías que otorga el Estado, la Constitución de la República", asegura Sosa.
Consideró que el Presiddente tiene muy buenas intenciones al querer otorgar títulos de propiedad a los parceleros poseedores de terrenos que son propiedad del Estado, pero entiende que "en materia inmobiliaria está rodeado de personas desconocedoras de cómo se registran las propiedades en el país, o quieren saltarse los esquemas existentes para la titulación".
El presidente Danilo Medina aseguró en su primer discurso de rendición de cuentas que tiene el compromiso de titular, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, alrededor de 7 mil predios agropecuarios y viviendas sociales antes de que finalice el primer semestre de este año, y alrededor de 15 mil títulos adicionales al final del segundo semestre de 2013. Prometió que al finalizar su gobierno se habrá titulado a más de 150 mil inmuebles.
Para el ex presidente de la Asociación Nacional de Agrimensores esta meta es inalcanzable, porque a su juicio, el proceso es largo y muchas veces complicado. Señala que empieza con la contratación de un agrimensor, quien tiene que hacer los procedimientos legales de notificación, publicación, medición y elaboración del expediente, y luego depositarlo en la Dirección Regional de Mensuras competente, para que empiece el proceso de revisión y de aprobación.
Si es un proceso administrativo puede tomar de cuatro a seis meses, aseguró Sosa, y si es contradictorio, como son los deslindes o el saneamiento de una propiedad, puede tomar hasta dos años, cuando no hay litis; si la hay, el proceso puede durar mucho más.
Explicó que la media de los expedientes que está conociendo la Jurisdicción Inmobiliaria es de 23 a 25 mil al año a nivel nacional y que existen congestionamientos en Mensuras Catastrales, en los tribunales de tierra y en los registros de títulos. "Y si a esa cantidad de expedientes se le añaden 22 mil certificados más en este año, cuando vamos ya por el tercer mes, hay que pensar que eso es imposible".
"Nosotros como gremio -agrega-hemos enviado varias comunicaciones al Presidente, poniéndonos a su disposición para cooperar con este proyecto, porque es muy ambicioso y necesita del concurso de los profesionales de la agrimensura del país, así como de la Suprema Corte de Justicia y de la Jurisdicción Inmobiliaria", señala el profesional de la agrimensura.
Sosa recordó que en su discurso del 27 de febrero, Medina hizo un llamado al poder judicial para aunar esfuerzos y trabajar juntos en el fortalecimiento de los órganos de gestión de la Jurisdicción Inmobiliaria y la simplificación de los procesos de titulación; "sin embargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia declaró posteriormente que le hubiese gustado participar de los procesos de definición de las metas para trabajar sobre lo posible de forma transparente, lo que en buen dominicano quiere decir que a ellos los han dejado fuera de esta Comisión de Titulación".
"La idea del Presidente es excelente pero necesita ser pulida. Podría conseguirse algo, en el mejor de los casos, agilizando el proceso, tomando medidas, pero 150 mil títulos es muy difícil. Como profesional de más de 25 años en ejercicio yo te digo que la capacidad instalada la tenemos para trabajar, instrumental y técnica; ahora, para dar respuesta a esa cantidad de títulos y con esa celeridad no lo creo posible", sostuvo.
En opinión del profesional de la agrimensura, con los esquemas que tiene ahora la Jurisdicción Inmobiliaria, con el personal que posee y con los recursos que se le otorgaron este año en el Presupuesto Nacional no puede cumplir con la meta de titular 22 mil inmuebles adicionales, por lo que entiende debió asignársele una partida mayor del presupuesto.
Agilización del proceso
Sosa entiende que si se quiere realmente hacer un plan de titulación, aunque no se llegue a la cantidad anunciada, lo primero es duplicar el personal en todos los estamentos que integran la Jurisdicción Inmobiliaria, empezando por la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales.
Dice que si se le quiere duplicar la capacidad de respuestas a la Jurisdicción Inmobiliaria hay que pensar que hay que duplicar el personal, el espacio físico de trabajo y las computadoras, las cuales deben estar habilitadas con la tecnología adecuada.
Asegura que si hoy la Jurisdicción Inmobiliaria sale a buscar 40 profesionales para reforzar lo que es el departamento de revisión no lo va encontrar de la noche a la mañana, porque considera que preparar un personal para que esté en capacidad de revisar los trabajos que presentan los agrimensores toma su tiempo.
Para agilizar el proceso, aconseja también irse por las regularizaciones parcelarias, por la parte de la subdivisión, que son procesos administrativos no contradictorios.
Explica que si se es propietario de una parcela completa, como lo es el Estado, puede recurrirse al proceso de la subdivisión, que es administrativo; ahora, si se deja que sean los ocupantes que soliciten sus títulos, tendrían que irse por el deslinde y éste es contradictorio, y tiene que ser conocido en Mensuras y luego en los tribunales de tierras y después en la Dirección Nacional de Registro de Títulos.
Otra medida señalada por Sosa es la descentralización de Mensuras Catastrales, ya que considera que con la forma organizativa que tiene esta Dirección es imposible dar salida a los miles de expedientes, "porque aún dupliquen el personal, se va a seguir con un cuello de botella muy fuerte".
La ley habla de descentralizar, pero según Sosa, actualmente sólo hay tres Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales, las cuales se encuentran ubicadas en Santo Domingo, Santiago y San Francisco de Macorís y no cuentan con departamentos de revisión, por lo que todos los expedientes tienen que ser remitidos a la Dirección Nacional para esos fines, congestionando así los procesos.
"Recientemente nos enteramos de que la Dirección Regional Norte, con asiento en Santiago, tiene igual número de expedientes que el departamento central, pero al igual que las otras regionales, sólo es receptora de expedientes, los cuales remite a la capital, donde se revisan, aprueban u observan, y luego se devuelven. La propuesta es que donde quiera que se someta un expediente, esa Dirección esté en capacidad de revisarlo y aprobarlo", sostiene.
Dice que aunque la ley 108-05, sobre Registro Inmobiliario, contempla el establecimiento de dos direcciones regionales más, una en el Sur, con asiento en Azua, y la otra en el Este, con asiento en El Seibo, parece que por un problema de recursos no se ha podido concretizar.
A su juicio, los problemas no están sólo en la parte de Mensuras Catastrales, porque en los tribunales de tierras también hay inconvenientes. Asegura que se necesitan más jueces y más salas y que además sería necesario modificar la ley 108-05para que menos procesos se tornen contradictorios y que el deslinde no tenga que ir necesariamente a una audiencia sino que sea un proceso administrativo.
"El registro de títulos de La Vega tiene un año de retraso. Nosotros tenemos expedientes de sentencia que fueron remitidas a esa oficina en junio del año pasado y todavía no se ha emitido un certificado de título. Eso quiere decir que si usted lleva ahora mismo una operación a ese registro, tiene que esperar un año o más para que le den un certificado y eso es con el desenvolvimiento normal, imagínense si se agregan 22 mil más", explicó.
El procedimiento
La Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, nombrada por el presidente Danilo Medina, será la que trace las pautas a seguir para la titulación de parcelas y viviendas sociales y, según el agrimensor Juan Manuel Sosa, tiene la tarea de armonizar los intereses que tienen cada una de las dependencias del Estado con vínculos de tierras o viviendas con ocupantes, como son Bienes Nacionales, Banco Agrícola, Consejo Estatal del Azúcar, Instituto Agrario Dominicano y el Instituto Nacional de la Vivienda.
"Esa comisión es la que va a centralizar todo el proceso de titulación, pero por lo que nosotros sabemos cómo profesionales en el área, la comisión no ha comenzado a trabajar, por eso no sé quién le hizo creer al Presidente que podrán entregar 7 mil títulos este semestre y 15 mil más al final de año, y 150,000 al final de su mandato", concluyó Sosa.
A su juicio, este proceso de titulación debe estar en manos de persona que entiendan de eso, como son los agrimensores, que son actores principales en el registro de las propiedades inmobiliarias en el país; las autoridades de la Jurisdicción Inmobiliaria que revisan lo que hacen los agrimensores y los abogados especialistas en materia inmobiliaria.
Comisión de titulación de terrenos
La Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado fue creada por el presidente Danilo Medina mediante el decreto 624-12 para trabajar en la titulación masiva de terrenos y viviendas del Estado, con el objetivo de que los beneficiarios puedan formalizar la propiedad de sus bienes.
Esta comisión, cuyo director ejecutivo es José Dantés Díaz, tiene la responsabilidad de formular, concertar, apoyar y promover políticas y estrategias tendentes a impulsar y materializar la solución definitiva del problema de la falta de titulación o registro actualizado de la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana.
Entre las atribuciones de la comisión está la elaboración de un plan integral para la titulación masiva de inmuebles, que abarque de manera especial aquellos sobre los que el Estado ha llevado a cabo proyectos de reforma agraria y vivienda. También, coordinar con el Poder Judicial los esfuerzos necesarios para fortalecer la capacidad operativa y de gestión de los órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria.
Asimismo, deberá presentar propuestas de modificación de normativa con la finalidad de viabilizar y facilitar los procedimientos de titulación; propiciar las consultas públicas necesarias para garantizar la participación de los sectores involucrados en los procedimientos de titulación y coordinar la cooperación internacional en lo relativo a los procesos masivos de titulación, entre otras atribuciones.
"Todavía no se han contratado ni siquiera los agrimensores que van a trabajar en este proyecto de titulación, y sabemos que el proceso toma tiempo, porque no son títulos provisionales que se van a otorgar, como los que entregaba el Instituto Agrario Dominicano, que acreditaban a los parceleros como poseedores de inmuebles; el Presidente está hablando de certificados de títulos con las garantías que otorga el Estado, la Constitución de la República", asegura Sosa.
Consideró que el Presiddente tiene muy buenas intenciones al querer otorgar títulos de propiedad a los parceleros poseedores de terrenos que son propiedad del Estado, pero entiende que "en materia inmobiliaria está rodeado de personas desconocedoras de cómo se registran las propiedades en el país, o quieren saltarse los esquemas existentes para la titulación".
El presidente Danilo Medina aseguró en su primer discurso de rendición de cuentas que tiene el compromiso de titular, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, alrededor de 7 mil predios agropecuarios y viviendas sociales antes de que finalice el primer semestre de este año, y alrededor de 15 mil títulos adicionales al final del segundo semestre de 2013. Prometió que al finalizar su gobierno se habrá titulado a más de 150 mil inmuebles.
Para el ex presidente de la Asociación Nacional de Agrimensores esta meta es inalcanzable, porque a su juicio, el proceso es largo y muchas veces complicado. Señala que empieza con la contratación de un agrimensor, quien tiene que hacer los procedimientos legales de notificación, publicación, medición y elaboración del expediente, y luego depositarlo en la Dirección Regional de Mensuras competente, para que empiece el proceso de revisión y de aprobación.
Si es un proceso administrativo puede tomar de cuatro a seis meses, aseguró Sosa, y si es contradictorio, como son los deslindes o el saneamiento de una propiedad, puede tomar hasta dos años, cuando no hay litis; si la hay, el proceso puede durar mucho más.
Explicó que la media de los expedientes que está conociendo la Jurisdicción Inmobiliaria es de 23 a 25 mil al año a nivel nacional y que existen congestionamientos en Mensuras Catastrales, en los tribunales de tierra y en los registros de títulos. "Y si a esa cantidad de expedientes se le añaden 22 mil certificados más en este año, cuando vamos ya por el tercer mes, hay que pensar que eso es imposible".
"Nosotros como gremio -agrega-hemos enviado varias comunicaciones al Presidente, poniéndonos a su disposición para cooperar con este proyecto, porque es muy ambicioso y necesita del concurso de los profesionales de la agrimensura del país, así como de la Suprema Corte de Justicia y de la Jurisdicción Inmobiliaria", señala el profesional de la agrimensura.
Sosa recordó que en su discurso del 27 de febrero, Medina hizo un llamado al poder judicial para aunar esfuerzos y trabajar juntos en el fortalecimiento de los órganos de gestión de la Jurisdicción Inmobiliaria y la simplificación de los procesos de titulación; "sin embargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia declaró posteriormente que le hubiese gustado participar de los procesos de definición de las metas para trabajar sobre lo posible de forma transparente, lo que en buen dominicano quiere decir que a ellos los han dejado fuera de esta Comisión de Titulación".
"La idea del Presidente es excelente pero necesita ser pulida. Podría conseguirse algo, en el mejor de los casos, agilizando el proceso, tomando medidas, pero 150 mil títulos es muy difícil. Como profesional de más de 25 años en ejercicio yo te digo que la capacidad instalada la tenemos para trabajar, instrumental y técnica; ahora, para dar respuesta a esa cantidad de títulos y con esa celeridad no lo creo posible", sostuvo.
En opinión del profesional de la agrimensura, con los esquemas que tiene ahora la Jurisdicción Inmobiliaria, con el personal que posee y con los recursos que se le otorgaron este año en el Presupuesto Nacional no puede cumplir con la meta de titular 22 mil inmuebles adicionales, por lo que entiende debió asignársele una partida mayor del presupuesto.
Agilización del proceso
Sosa entiende que si se quiere realmente hacer un plan de titulación, aunque no se llegue a la cantidad anunciada, lo primero es duplicar el personal en todos los estamentos que integran la Jurisdicción Inmobiliaria, empezando por la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales.
Dice que si se le quiere duplicar la capacidad de respuestas a la Jurisdicción Inmobiliaria hay que pensar que hay que duplicar el personal, el espacio físico de trabajo y las computadoras, las cuales deben estar habilitadas con la tecnología adecuada.
Asegura que si hoy la Jurisdicción Inmobiliaria sale a buscar 40 profesionales para reforzar lo que es el departamento de revisión no lo va encontrar de la noche a la mañana, porque considera que preparar un personal para que esté en capacidad de revisar los trabajos que presentan los agrimensores toma su tiempo.
Para agilizar el proceso, aconseja también irse por las regularizaciones parcelarias, por la parte de la subdivisión, que son procesos administrativos no contradictorios.
Explica que si se es propietario de una parcela completa, como lo es el Estado, puede recurrirse al proceso de la subdivisión, que es administrativo; ahora, si se deja que sean los ocupantes que soliciten sus títulos, tendrían que irse por el deslinde y éste es contradictorio, y tiene que ser conocido en Mensuras y luego en los tribunales de tierras y después en la Dirección Nacional de Registro de Títulos.
Otra medida señalada por Sosa es la descentralización de Mensuras Catastrales, ya que considera que con la forma organizativa que tiene esta Dirección es imposible dar salida a los miles de expedientes, "porque aún dupliquen el personal, se va a seguir con un cuello de botella muy fuerte".
La ley habla de descentralizar, pero según Sosa, actualmente sólo hay tres Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales, las cuales se encuentran ubicadas en Santo Domingo, Santiago y San Francisco de Macorís y no cuentan con departamentos de revisión, por lo que todos los expedientes tienen que ser remitidos a la Dirección Nacional para esos fines, congestionando así los procesos.
"Recientemente nos enteramos de que la Dirección Regional Norte, con asiento en Santiago, tiene igual número de expedientes que el departamento central, pero al igual que las otras regionales, sólo es receptora de expedientes, los cuales remite a la capital, donde se revisan, aprueban u observan, y luego se devuelven. La propuesta es que donde quiera que se someta un expediente, esa Dirección esté en capacidad de revisarlo y aprobarlo", sostiene.
Dice que aunque la ley 108-05, sobre Registro Inmobiliario, contempla el establecimiento de dos direcciones regionales más, una en el Sur, con asiento en Azua, y la otra en el Este, con asiento en El Seibo, parece que por un problema de recursos no se ha podido concretizar.
A su juicio, los problemas no están sólo en la parte de Mensuras Catastrales, porque en los tribunales de tierras también hay inconvenientes. Asegura que se necesitan más jueces y más salas y que además sería necesario modificar la ley 108-05para que menos procesos se tornen contradictorios y que el deslinde no tenga que ir necesariamente a una audiencia sino que sea un proceso administrativo.
"El registro de títulos de La Vega tiene un año de retraso. Nosotros tenemos expedientes de sentencia que fueron remitidas a esa oficina en junio del año pasado y todavía no se ha emitido un certificado de título. Eso quiere decir que si usted lleva ahora mismo una operación a ese registro, tiene que esperar un año o más para que le den un certificado y eso es con el desenvolvimiento normal, imagínense si se agregan 22 mil más", explicó.
El procedimiento
La Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, nombrada por el presidente Danilo Medina, será la que trace las pautas a seguir para la titulación de parcelas y viviendas sociales y, según el agrimensor Juan Manuel Sosa, tiene la tarea de armonizar los intereses que tienen cada una de las dependencias del Estado con vínculos de tierras o viviendas con ocupantes, como son Bienes Nacionales, Banco Agrícola, Consejo Estatal del Azúcar, Instituto Agrario Dominicano y el Instituto Nacional de la Vivienda.
"Esa comisión es la que va a centralizar todo el proceso de titulación, pero por lo que nosotros sabemos cómo profesionales en el área, la comisión no ha comenzado a trabajar, por eso no sé quién le hizo creer al Presidente que podrán entregar 7 mil títulos este semestre y 15 mil más al final de año, y 150,000 al final de su mandato", concluyó Sosa.
A su juicio, este proceso de titulación debe estar en manos de persona que entiendan de eso, como son los agrimensores, que son actores principales en el registro de las propiedades inmobiliarias en el país; las autoridades de la Jurisdicción Inmobiliaria que revisan lo que hacen los agrimensores y los abogados especialistas en materia inmobiliaria.
Comisión de titulación de terrenos
La Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado fue creada por el presidente Danilo Medina mediante el decreto 624-12 para trabajar en la titulación masiva de terrenos y viviendas del Estado, con el objetivo de que los beneficiarios puedan formalizar la propiedad de sus bienes.
Esta comisión, cuyo director ejecutivo es José Dantés Díaz, tiene la responsabilidad de formular, concertar, apoyar y promover políticas y estrategias tendentes a impulsar y materializar la solución definitiva del problema de la falta de titulación o registro actualizado de la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana.
Entre las atribuciones de la comisión está la elaboración de un plan integral para la titulación masiva de inmuebles, que abarque de manera especial aquellos sobre los que el Estado ha llevado a cabo proyectos de reforma agraria y vivienda. También, coordinar con el Poder Judicial los esfuerzos necesarios para fortalecer la capacidad operativa y de gestión de los órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria.
Asimismo, deberá presentar propuestas de modificación de normativa con la finalidad de viabilizar y facilitar los procedimientos de titulación; propiciar las consultas públicas necesarias para garantizar la participación de los sectores involucrados en los procedimientos de titulación y coordinar la cooperación internacional en lo relativo a los procesos masivos de titulación, entre otras atribuciones.
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