Una propuesta al Presidente
El pasado lunes 18 fui de las primeras voces que apoyé públicamente la
decisión del presidente Danilo Medina de buscar una fórmula que destrabara el
inaplazable desarrollo turístico de Pedernales, en una coyuntura innegablemente
difícil en la que él, como mandatario, tuvo en cuenta como fin supremo llevar
cuantiosas inversiones privadas a esa empobrecida zona del país, como forma de
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Esa decisión fue, sin duda controversial, porque beneficiaba a personas que
en el pasado se habían apropiado fraudulentamente de muchas de las tierras de
Pedernales y que, por una falla imperdonable del poder judicial, dieciséis (16)
años después, no se ha podido juzgar a sus autores y mucho menos anular en
materia inmobiliaria la validez de los certificados de títulos que amparan la
propiedad de las mismas.
Cuestionando esa decisión concurrieron, por un lado, funcionarios (como mi
padre, Dr. Marino Vinicio Castillo), personas y sectores de muy buena fe, y por
el otro, agresivos grupos mediáticos y de sociedad civil, que sin importarles en
lo más mínimo la suerte de esa depauperada población sureña vieron una
oportunidad inigualable para acorralar al Presidente y a su gobierno política y
moralmente.
El presidente Medina, 72 horas después de haberse anunciado la primera
decisión, tomó otra desestimando la primera y expresando que esperaría la
decisión final de los tribunales de justicia con respecto a las diferentes litis
penales e inmobiliarias planteadas en este escabroso tema.
Como amigo y aliado del Presidente puedo decir que estoy absolutamente
convencido, debido al conocimiento que tengo del quehacer de nuestros tribunales
de justicia, que si se aguardan sentencias definitivas de condenas a los
culpables del fraude de Bahía de las Águilas y de anulación de los títulos de
propiedad que fueron emitidos en esa zona de forma irregular, la espera en el
andén, como bien planteó el editorial del Listín Diario el pasado viernes, será
interminable, para esa olvidada y remota región de nuestro país.
En este contexto, entiendo que hay que buscar una fórmula que concilie los
dos altos intereses que hay envueltos en esto: 1) el desarrollo inmediato de
la zona y 2) el aspecto moral e institucional de que el Estado no aparezca
premiando de ninguna forma a ladrones de tierra. ¿Cómo hacerlo? En mi humilde
opinión, se puede hacer de la manera que esbozaremos a continuación:
1) Expropiación en virtud del artículo Artículo 51, párrafo 1, de la
Constitución de la República, de los terrenos que están en el plan de desarrollo
preparado por los Ministerios de Turismo y Medio Ambiente, que no forman parte
de la zona protegida legalmente, sobre los cuales se ha dado garantía absoluta
no serán afectados.
2) El justiprecio. Conforme a la Constitución el Estado debe pagar producto
del decreto de expropiación. Pero, ese pago debe ser a quien es legítimo
propietario, no a quien ha obtenido un título irregularmente. Este mecanismo le
permitiría en el mismo decreto de expropiación otorgar noventa días para la
depuración de quienes puedan reclamar válidamente el pago indemnizatorio
constitucional que, en el mayor de los casos, no pasaría de dos dólares el metro
cuadrado, que es la suma más alta que se ha pagado en la zona, según
informaciones fidedignas en mi poder.
3) El Estado puede perfectamente tomar posesión inmediata de los terrenos e
iniciar el desarrollo turístico previsto, consignando en el banco oficial (Banco
de Reservas) el precio fijado por el Catastro (que reitero no puede ser más que
el promedio pagado en la zona hasta la fecha (de US$0.20 a US$2.00 el metro
cuadrado), dándole la instrucción al Banco de Reservas de que sólo podrán ser
pagados aquellos títulos que no estén bajo cuestionamiento. Esto permitiría que
el Estado pueda seguir el proceso penal contra los autores del llamado Fraude de
Bahía de las Águilas, oponiéndose a que el Banco de Reservas pueda pagar la
indemnización estatal sobre aquellos títulos que están cuestionados
judicialmente. En consecuencia, el dinero correspondiente a éstos quedaría
depositado en el Banco de Reservas, aguardando la decisión final de las
diferentes litis sobre los títulos impugnados.
Si el Estado al final gana los casos, ese dinero le sería restituído
directamente o a través del IAD, que fue el querellante. Si, por el contrario,
ganan las litis por sentencia definitiva e irrevocable los que han estado
reclamando derechos sobre estas tierras, sólo tendrían derecho a ir a buscar su
indemnización al banco en el que el Estado ha depositado esos recursos.
De esa manera se puede trabajar en paralelo, conciliando los dos intereses
nacionales envueltos. El Estado puede perfectamente, luego del decreto de
expropiación, a aquellos que demuestren que sus títulos no tienen problemas,
revenderle al mismo precio sus tierras, como una forma de no penalizarlos y
ponerlos en el mismo saco de los pillos que se quieran aprovechar de esta
sui-generis situación jurídica inmobiliaria.
Esta humilde propuesta la hago pública, en aras de contribuir al debate y
ayudar a nuestro Presidente a encontrar una fórmula que haga viable lo que sé es
uno de sus sueños fundamentales como mandatario: Dejar la empobrecida región
sur, de donde proviene, con grandes proyectos de inversión pública y privada que
mejoren el desarrollo de sus habitantes. Él lo quiere hacer sin que en el día
de mañana le señalen que para lograr esos fines tuvo que hacerlo sobre
cuestionamientos éticos o morales. En nuestra propuesta, creo que puede
encontrar ese camino.
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