Jueza envía a juicio de fondo a Hugo Beras y Jochi Gómez por presuntas irregularidades

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El Caribe

5 junio, 2026 

La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, dictó este viernes auto de apertura a juicio contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras, el empresario Jochi Gómez y otros 15 imputados.

En tanto excluyó la calificación jurídica de terrorismo para todos los imputados.

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Qué se les imputa

El Ministerio Público acusa a los imputados de haber conformado una estructura criminal dedicada a estafar al Estado, lavar activos y sabotear la red semafórica del Gran Santo Domingo. El expediente cifra el presunto perjuicio al Estado en torno a los 1,300 millones de pesos.

Los cargos incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado. A ese catálogo se suman delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, conforme a la legislación dominicana.

Quiénes son los acusados

Además de Hugo Beras y Jochi Gómez, figuran como imputados:

• Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.

• Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.

• Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.

• Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant.

• Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

La acusación incluye, además, a varias personas jurídicas: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.

Según la distribución de roles que plantea el órgano persecutor, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos cuestionados y como quien habría ejercido el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y de espionaje.

A Hugo Beras se le atribuye haber facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada y haber participado en la manipulación del sistema. A los exfuncionarios de tecnología y compras se les imputa la manipulación de licitaciones, la falsificación de certificaciones técnicas y la emisión de certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria; mientras que otros implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos o ejecutores del sabotaje.

El rol del contrato de semaforización

El núcleo del caso es la adjudicación del contrato para la modernización y gestión de la red semafórica del Gran Santo Domingo. De acuerdo con la investigación, la convocatoria a licitación pública nacional fue publicada los días 20 y 29 de febrero de 2023, con un plazo para depositar las ofertas económicas hasta el 11 de abril de ese año. En el proceso participaron 21 empresas, entre ellas Transcore Latam S.R.L., vinculada a Gómez Canaán.

El Ministerio Público sostiene que la adjudicación estuvo viciada desde el inicio y que el contrato terminó en manos de Transcore Latam mediante un proceso digitado para favorecer a un proveedor con el que ya existían relaciones. La acusación añade que la empresa contratista conservó el acceso remoto a la red semafórica.

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A ese punto se conecta otro de los hechos centrales del expediente: el apagón de semáforos ocurrido a finales de agosto de 2024, cuando varias intersecciones de la capital quedaron desactivadas. Lo que en un primer momento se atribuyó a fallas técnicas fue calificado por la Pepca como un acto de sabotaje y de presión contra el Estado, presuntamente ejecutado aprovechando el acceso remoto al sistema, justo en momentos en que el Intrant revisaba los contratos adjudicados.