ADOCCO cuestiona que el gobierno entregue Central Punta Catalina a los empresarios

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Empresarios no saciados con la entrega de las EGEs con la capitalización, desacreditaron la central, para que se la entreguen.

Curioso Digital 

Santo Domingo, D.N..- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, calificó el fideicomiso que entrega al sector privado la operación y manejo financiero de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, como el mayor despojo de los bienes del Estado que a su vez son los bienes del pueblo dominicano, por lo que hizo un llamado a los senadores que ejerzan su función de fiscalización y rechacen el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, proyecto que fue aprobado sin que muchos de los que tuvieron presentes no le dieron lectura.

“Bajo el subterfugio del fideicomiso y Alianza Público-Privada, le ha sido entregada la central Punta Catalina, al sector privado, en un total abandono de la función de fiscalización y representación del Congreso Nacional, corresponderá al Tribunal Constitucional, hacer su tarea”, dijo Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de la organización de la sociedad civil, al tiempo de preguntarse, si la central termoeléctrica se instaló para suplir las deficiencias en el sistema eléctrico nacional, para no seguir dependiendo de los generadores privados, estando la misma en funcionamiento y sirviendo energía permanente, no vemos las razones para cederla, que no sea la de favorecer un sector que desacredito siempre la ejecución de la obra.

La falta de una auditoría de costo de la construcción de la central, que establezca si esta fue o no sobrevaluada, para establecer el valor de mercado, constituye un acto de corrupción, ya que está siendo entregado un bien público, sin saber su valor real, dejado a la apreciación de los que tendrán el manejo total, como se desprende del contrato remitido al Congreso Nacional y aprobado por la Cámara de Diputados, una acción cuyo responsable es el ministro de Energía y Minas y jefe del sector eléctrico, en proceso de liquidación, violando la Constitución y la ley 125-01 entre otras normativas de la administración pública.