Un soberano empoderamiento

Carlos R. Altuna Tezanos.-

(“Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio, hoy que hombres sin Juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la Patria”.

Juan Pablo Duarte)

**Villa Central Digital**República Dominicana es uno de los países más hospitalarios, quizás el que más con todos los extranjeros residentes sin distinción alguna, legales o ilegales.

La sentencia 168 del Tribunal Constitucional del 23 septiembre del 2013, no es un control inmigratorio sino la defi nición del marco regulatorio al maremágnum migratorio existente. Recientemente la Ofi cina Nacional de Estadísticas (ONE) publicó la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2012), investigación auspiciada por el Fondo de las Naciones Unidas para Población (UNFPA) y la Unión Europea, estableciendo que en el país residen 524,632 extranjeros pertenecientes a 60 naciones, y sus descendientes rondan los 244,151 para una totalidad de 768,783 personas de origen extranjero, que representa un 8% de la población dominicana.

El estudio determina, que el 87.3% son haitianos, de los cuales el 66% trabajan con un ingreso mensual promedio de 10 mil pesos, mientras que el 47% perteneciente a otras nacionalidades es de 39 mil pesos, como también un 12% de los haitianos poseen contratos laborales por escrito, en cambio el resto de inmigrante un 55%. De igual modo el 68% residen en zonas urbanas, de los cuales el 92 % de los haitianos no poseen “seguro de salud”, como tampoco lo tienen el 50% del resto de los demás países, transfi riéndonos una extraordinaria carga social al Estado.

Reconocemos que las encuestas son estudios observacionales que buscan recolectar datos por medio de metodología previamente diseñada, sin modifi car el entorno ni controlar el proceso bajo observación.

Sin embargo, evidentemente tenemos otro escenario si efectuamos una auditoria visual, advertimos otra realidad sin engaño ni tratar de ocultar verdades, sabemos que nuestra percepción está muy por encima de esta encuesta.

La sentencia 168/13 sacó al debate público la fáctica hipótesis de una fusión entre República Dominicana y Haití, maquinación defi nitivamente insostenible desde el punto de vista histórico, social-cultural, político y económico de ambas naciones. Presunción que jamás accederíamos en virtud a nuestra irreversible separación del imperioso gobierno haitiano de 1844, donde los dominicanos hemos forjado un proyecto de nación-estado en término social, económico, político e ideológico, en base a nuestras costumbres, cultura, lengua y religión, que defi nieron nuestra idiosincrasia nacional.

La historia universal plantea una serie de intentos de fusiones de naciones y sus posteriores fracasos.

Aún subsisten innumerables tensiones producto de estos procesos, que generan un desenfrenado nacionalismo en rechazo a una composición étnica con idiomas, cultura, religión y peculiaridades muy diferentes, que sería como mezclar aceite y agua en un solo recipiente, que en el tiempo resultan desacertadas, nefastas e imposibles, porque al fi nal se impone invariablemente los bríos separatistas de manera radicar, como ocurrió ante la ocupación haitiana, tal como lo sentenció nuestro Padre de la Patria: “Entre los dominicanos y los haitianos no es posible una fusión”.

Nuestro problema no está arraigado a esa perversa presunción internacional, sino la defensa soberana de ejercer la facultad y derecho como Estado, de decidir que nos conviene de acuerdo al interés nacional, a nuestro bienestar y seguridad como nación independiente.

Es verdad que vivimos en un sólo territorio insular, como cierto que poseemos un eminente desarrollo en comparación con Haití, pero los dominicanos más que nadie nos interesa que salgan de su atraso, pobreza e ingobernabilidad, como manera de detener esa inmigración desenfrenada que atenta nuestra seguridad.

Este desplazamiento humano, se produce desde un país extremadamente pobre a uno menos pobre, muy diferente al movimiento inmigratorio que se origina del Sur al Norte del continente americano, cuyos efectos no son iguales ni se comparan.

El pasado 29 de enero, durante la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), ante 33 Jefes de Estado y sus representantes, el presidente Danilo Medina, se empoderó de manera decidida, enérgica y responsable al rechazar de manera directa las injuriosas acusaciones de racistas, discriminatorias y violación de los derechos humanos en contra del pueblo dominicano y su gobierno.

Aseveró que no permitirá que nadie vulnere el derecho soberano de legislar sobre la nacionalidad y migración, al encarar al señor Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, quien nuevamente ofende y acusa al gobierno de promover la discriminación y el racismo.

El Presidente aprovechó el importante escenario, para señalar que un millón de haitianos residen en el país, en su mayoría indocumentados, quienes conviven, trabajan y transitan libremente, sin que nadie los moleste. Recalcando de cómo se puede acusar al país de violar los derechos humanos, cuando a ellos se le garantiza acceso a la salud y educación, sin importar su estatus, donde gastamos más de 5.3 millones de pesos en la salud de los haitianos, quienes ocupan un 80% de la fuerza laborar dominicana, aunque la Ley de Trabajo especifi ca una composición de 80-20 (80 dominicanos, 20 extranjeros), haciéndonos de la vista gorda. Un país al que acusan de ser racista y discriminatorio, cuando más del 80% de su población es negra y mulata, que le garantiza el derecho a la educación a unos 54 mil estudiantes haitianos, quienes pagan los mismos costos que los dominicanos.

También puntualizó Medina, que no es cierto que la República Dominicana haya quitado la nacionalidad a nadie, porque no se puede quitar a una persona lo que no tiene, donde el gobierno busca regularizar su estatus mediante la implementación de un proceso sin violar sus derechos.

De igual modo estableció que todas las constituciones del país, desde 1929 a la fecha, disponen de las mismas condiciones para obtener la ciudadanía y que la sentencia 168-13 dispone la regularización de toda persona que vive de manera irregular en el país, porque el asunto de residencia y nacionalidad corresponde únicamente a los Estado soberanos y la República Dominicana, es un Estado soberano.

Hoy todos los dominicanos sin excepción alguna respaldamos y celebramos con entusiasmo el discurso histórico del Presidente Danilo Medina, en defensa a nuestra soberanía nacional, la dignidad y el honor del pueblo dominicano, dejando claramente no aceptar imposiciones ni injerencias, sin importa que el país sea grande o pequeño. Aún hay Patria.